Qué pasó
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia imputó a 10 exintegrantes de las FARC por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1996 y 2016 contra cinco pueblos indígenas del sureste del país. Según el tribunal, los hechos incluyen tortura, asesinatos, desplazamiento forzado y órdenes para instalar minas antipersonales en territorios indígenas.
La JEP sostuvo que los ataques afectaron también ecosistemas de los que dependían las comunidades. Entre los imputados figura Julián Gallo, quien fue senador durante ocho años bajo el acuerdo de paz de 2016. La jurisdicción transicional puede imponer sanciones propias y trabajos de reparación, pero no penas ordinarias de prisión en estos casos.
Las imputaciones son cargos dentro del proceso de justicia transicional y no equivalen a una sentencia definitiva. Las víctimas y organizaciones indígenas valoraron el reconocimiento de que la violencia afectó a comunidades y territorios, no solo a individuos.
Qué significa
El caso amplía el alcance de la rendición de cuentas por el conflicto armado colombiano al reconocer daños colectivos, territoriales y ambientales contra pueblos indígenas. También muestra los límites de la JEP: sus sanciones pueden incluir reparación y desminado, pero no necesariamente encarcelamiento ordinario. La decisión no resuelve todas las responsabilidades ni garantiza por sí sola la reparación de las comunidades.