Qué pasó
La Contraloría General del Estado examinó tres contratos para construir y equipar los hospitales de El Valle, Baños y Ricaurte, suscritos entre noviembre de 2024 y marzo de 2025 por $7,6 millones, $7,4 millones y $7,3 millones, respectivamente. El informe revisó también contratos de fiscalización, auditorías y siete consultorías. Entre sus conclusiones, señaló que en las licitaciones de Baños y Ricaurte no se aplicaron condiciones del contrato de préstamo ni de los pliegos. También identificó consorcios con integrantes en común y observó que algunas consultorías y estudios no se ajustaban al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. El examen fue aprobado el 16 de abril de 2026 y cubrió procesos entre enero de 2023 y julio de 2025.
Qué significa
Las observaciones no equivalen por sí mismas a una sentencia ni prueban responsabilidad penal, pero sí cuestionan cómo se definieron, adjudicaron y planificaron obras financiadas con un préstamo de la CAF y recursos municipales. La posible afectación a la libre competencia puede influir en la revisión administrativa y en la continuidad de los proyectos. El caso también tiene una dimensión penal: existen denuncias por presunto peculado relacionadas con estos contratos, por lo que el riesgo jurídico permanece abierto.