Qué pasó
El inicio del año lectivo 2026-2027 coincide con la alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño. La Unión Nacional de Educadores cuestionó la preparación del Ministerio de Educación y pidió un plan territorial de prevención y continuidad de las clases, basado en las condiciones de cada cantón. El gremio sostiene que informes de riesgo identifican en Azuay establecimientos expuestos a movimientos de tierra, inundaciones y otras amenazas. La UNE provincial calcula que alrededor de 76 planteles necesitan intervención, principalmente en zonas rurales. También cuestionó que recursos de organismos multilaterales como la CAF y el Banco Mundial destinados a infraestructura escolar se encuentren en procesos administrativos y, según su dirigente, se ejecuten recién en noviembre y diciembre. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos sostiene que existen protocolos y planes de contingencia para los planteles.
Qué significa
La controversia pone en discusión la capacidad de las autoridades para mantener clases seguras y continuas en territorios expuestos a lluvias, inundaciones y movimientos en masa. La cifra de 76 planteles corresponde a la UNE y no equivale a un diagnóstico oficial consolidado. La existencia de protocolos nacionales tampoco demuestra que cada establecimiento tenga obras, rutas de evacuación o recursos suficientes. Las decisiones de suspensión, reubicación o continuidad dependerán de evaluaciones territoriales y de la coordinación entre Educación, Gestión de Riesgos y gobiernos locales.
Qué sigue
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Gestión de Riesgos deberán aplicar sus protocolos y precisar las medidas para los planteles identificados como vulnerables. La UNE mantiene el pedido de planes por cantón y provincia y de intervención en los establecimientos rurales.