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HRW exige esclarecer la base legal de las operaciones contra ocho embarcaciones ecuatorianas

Human Rights Watch pidió al Ecuador y Estados Unidos explicar la base jurídica de operaciones en las que ocho embarcaciones ecuatorianas fueron interceptadas y destruidas. La organización reportó detenciones masivas, liberaciones por arrestos ilegales y denuncias de abusos, mientras los gobiernos aún no presentan públicamente evidencias individualizadas sobre delitos.

Redacción Vocería News
Última actualización 3 de octubre de 2026 · 15:34 Publicado 1 de octubre de 2026 · 13:54
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HRW informó que más de 140 de los 160 tripulantes fueron detenidos, que 56 fueron liberados por jueces tras declarar ilegales sus detenciones y que 90 enfrentan investigaciones por presunta asociación ilícita. La organización también documentó denuncias de golpes y amenazas mediante entrevistas a 27 personas.

Human Rights Watch pidió al Ecuador y Estados Unidos transparentar la base legal de la destrucción de ocho embarcaciones ecuatorianas y denunció, con base en 27 testimonios, presuntas agresiones y coacciones contra tripulantes.

Qué pasó

Human Rights Watch solicitó a los gobiernos del Ecuador y Estados Unidos revelar la base legal de ocho operaciones marítimas realizadas entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre de 2026, en las que fueron interceptadas y destruidas embarcaciones ecuatorianas. La organización entrevistó a 27 capitanes, tripulantes, familiares y abogados y documentó denuncias de golpes, amenazas y presiones para obtener confesiones. Según HRW, más de 140 de los 160 tripulantes fueron detenidos. De ellos, 90 enfrentan investigaciones en Ecuador por presunta asociación ilícita, 56 fueron liberados después de que jueces declararan ilegales sus detenciones y 14 no habrían sido presentados ante un juez. La organización señaló que ni Estados Unidos ni el Ecuador han divulgado pruebas suficientes que vinculen individualmente a los tripulantes con delitos o con Los Choneros. Las autoridades estadounidenses han sostenido que las embarcaciones funcionaban como estaciones flotantes de reabastecimiento para operaciones de narcotráfico. HRW aclaró que no pudo determinar si las naves cumplían esa función.

Qué significa

La controversia alcanza la legalidad del uso de la fuerza, las garantías judiciales de las tripulaciones, la cadena de custodia de evidencias y la responsabilidad de los Estados en operaciones conjuntas. Las denuncias de abusos deben ser investigadas y contrastadas con la versión oficial. La liberación de personas por detenciones ilegales constituye una decisión judicial concreta, pero no resuelve la situación de los demás investigados ni establece que todas las embarcaciones fueran ajenas a actividades ilícitas.

Qué sigue

El Ecuador y Estados Unidos deberán explicar el fundamento jurídico, los procedimientos de identificación y las evidencias de cada operación. La Fiscalía y los jueces deberán definir la situación procesal de los tripulantes y avanzar en las investigaciones sobre las denuncias de maltrato.

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