Qué pasó
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad informó que entre 2024 y 2026 aplicó 523 sanciones a funcionarios penitenciarios por faltas graves y muy graves. De ese total, 265 correspondieron a destituciones, 209 a sanciones pecuniarias y 49 a suspensiones sin remuneración. El SNAI señaló que 82 de las destituciones se produjeron durante 2026. Las medidas forman parte de los procesos disciplinarios internos y de los esfuerzos institucionales para reforzar el control de las cárceles. El balance se presenta después del censo penitenciario y de una reorganización que incluyó miles de traslados y reubicaciones de personas privadas de libertad. La información disponible no detalla qué conductas motivaron cada sanción, cuántos casos fueron impugnados ni cuántos funcionarios fueron reintegrados por decisiones administrativas o judiciales.
Qué significa
Las cifras muestran una depuración disciplinaria de amplio alcance dentro del sistema penitenciario y pueden afectar la capacidad operativa, la supervisión y la seguridad de los centros. Sin embargo, el número de destituciones no permite concluir por sí solo que haya mejorado el control carcelario ni identifica responsabilidades penales. También permanece pendiente conocer si las sanciones corresponden a hechos vinculados con corrupción, violencia, negligencia u otras faltas.
Qué sigue
El SNAI deberá informar las causas de las sanciones, el estado de los recursos presentados y el impacto de la reorganización sobre la seguridad y la gestión de los centros penitenciarios.