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Asamblea respalda la supresión de la unidad judicial anticorrupción mientras seis acciones esperan revisión constitucional

La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó un informe favorable a la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la unidad especializada para juzgar delitos de corrupción y crimen organizado. La medida continúa cuestionada mediante seis acciones presentadas ante la Corte Constitucional.

Redacción Vocería News
Última actualización 9 de octubre de 2026 · 14:55 Publicado 8 de octubre de 2026 · 07:58
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La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó un informe que respalda la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la unidad especializada en delitos de corrupción y crimen organizado.

Qué pasó

La Comisión de Justicia de la Asamblea aprobó el 8 de octubre un informe que respalda la decisión del Consejo de la Judicatura de suprimir la Unidad Judicial Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado. La decisión legislativa se produce mientras seis acciones relacionadas con el cierre llegaron a la Corte Constitucional. La información disponible no indica que la Corte haya admitido todas las acciones, concedido medidas cautelares o suspendido la supresión de la unidad. El cierre ha generado preocupación por la continuidad de los procesos especializados y por la situación de los expedientes que quedaron sin jueces asignados. Reportes previos mencionaron más de 300 expedientes paralizados, aunque el número requiere precisión institucional.

Qué significa

El respaldo de la comisión fortalece políticamente la decisión del Consejo de la Judicatura, pero no resuelve la controversia constitucional ni elimina la obligación de garantizar la continuidad de las causas pendientes. La Corte deberá determinar si las acciones cumplen los requisitos de admisión y si corresponde revisar la constitucionalidad o suspender los efectos de la medida.nnLa principal afectación potencial recae sobre procesos de corrupción y crimen organizado que requieren jueces especializados y continuidad procesal.

Qué sigue

La Corte Constitucional deberá resolver la admisión y las medidas cautelares solicitadas, si las hubiere. El Consejo de la Judicatura deberá informar cómo se redistribuirán los expedientes y qué medidas adoptará para evitar nuevas demoras.

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