Qué pasó
La Dirección Nacional de Registros Públicos estableció nuevas reglas de vigilancia, auditoría y supervisión para los registradores de la propiedad y mercantiles, considerados sujetos obligados en la prevención del lavado de activos. La resolución, publicada en agosto en el Registro Oficial, exige aplicar controles basados en riesgos a transferencias de dominio, hipotecas, daciones en pago, cesiones de derechos, traspasos de créditos y cesiones de participaciones. Para operaciones individuales o acumuladas de USD 10.000 o más, los registradores deberán verificar la forma de pago y comprobar que las obligaciones hayan sido canceladas mediante mecanismos del Sistema Financiero Nacional. La norma también limita el uso de efectivo y el pago con metales o piedras preciosas en este tipo de operaciones.
Qué significa
La regulación crea obligaciones de verificación para registradores y puede modificar la documentación que ciudadanos, empresas y profesionales deben presentar al inscribir operaciones patrimoniales o mercantiles de alto valor. El objetivo es generar trazabilidad financiera y detectar operaciones potencialmente vinculadas con recursos ilícitos. La norma no presume que toda transacción superior a USD 10.000 sea ilegal, pero sí exige controles adicionales y evidencia sobre el medio de pago.
Qué sigue
Los registradores deberán aplicar los procedimientos de supervisión, auditoría y verificación previstos en la resolución. La Dinarp deberá controlar su cumplimiento y emitir las precisiones operativas que correspondan.