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La Resolución 187-2026 formalizó la supresión de las dependencias especializadas y redistribuyó las causas nacionales de corrupción y crimen organizado entre jueces penales de Pichincha. La medida deja bajo el nuevo esquema casos como Encuentro, Goleada y La Reina.
La Judicatura informó que el déficit de la Función Judicial se aproxima a 900 plazas y que priorizó 222 cargos de jueces para cubrirlos progresivamente tras la reorganización de las unidades especializadas.
La presidenta de la Judicatura señaló que existe un déficit presupuestario de USD 83 millones y que la institución necesita cerca de 700 jueces adicionales. También defendió la fusión de las unidades anticorrupción con despachos penales de mayor carga procesal.
La relatora de la ONU Margaret Satterthwaite y Human Rights Watch cuestionaron la supresión de la unidad especializada y advirtieron riesgos para la independencia judicial y la lucha contra el crimen organizado.
La Judicatura precisó que el número de jueces habilitados para conocer causas de corrupción y crimen organizado pasará de 19 a más de 50. La resolución fue adoptada durante la emergencia de la Función Judicial y redistribuye las competencias entre la Unidad Judicial Penal de Iñaquito y la Corte Provincial de Pichincha.
Qué pasó
Mediante la Resolución 187-2026, aprobada el 7 de septiembre, el Consejo de la Judicatura formalizó la reorganización del sistema especializado en causas de corrupción y crimen organizado. Las dependencias creadas desde 2022 fueron suprimidas y sus competencias se redistribuyeron entre jueces penales de Iñaquito, La Mariscal y la Corte Provincial de Pichincha. Más de 50 jueces podrán conocer procesos de alcance nacional, según la nueva estructura. La Judicatura justificó la medida en un desequilibrio de carga procesal: el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes en 12 meses entre nueve magistrados, mientras otros juzgados penales superaron su capacidad. La reorganización alcanza causas como Encuentro, Goleada y La Reina, cuya continuidad procesal deberá ajustarse al nuevo esquema. La institución sostiene que las competencias no desaparecen, sino que se redistribuyen.
Qué significa
La resolución cambia el juez o unidad que podría tramitar causas nacionales de corrupción y crimen organizado y concentra su conocimiento en Quito. El principal efecto pendiente es determinar cómo se reasignarán los expedientes, cómo se preservará la especialización y si los despachos receptores tienen capacidad suficiente. La decisión no elimina los procesos ni determina responsabilidades penales, pero puede afectar sus tiempos y organización. El contexto incluye un déficit cercano a 900 plazas judiciales y la priorización de 222 concursos para jueces.
Qué sigue
La Judicatura deberá completar la redistribución de expedientes, precisar qué despacho asumirá cada causa y ejecutar los concursos para cubrir las plazas priorizadas. Los tribunales deberán informar cómo se reprogramarán las diligencias de los procesos afectados.
Fuentes
- Expreso - Judicatura elimina unidades anticorrupción y lo presenta como un fortalecimiento - 2026.09.07
- El Comercio - Consejo de la Judicatura elimina dependencias especializadas en corrupción y crimen organizado - 2026.09.08
- Expreso - Supresión de juzgados anticorrupción en Ecuador genera alerta en la ONU por independencia judicial - 2026.09.08
- Radio Pichincha
- Vistazo - Mercedes Caicedo se pronuncia tras desaparición de unidad anticorrupción - 2026.09.10
- Expreso - Judicatura y jueces anticorrupción: ¿cuántas vacantes se abrirán y cómo será el concurso? - 2026.09.12
- Radio Pichincha
- Ecuavisa