Qué pasó
El Gobierno de Colombia impulsa el proyecto de Ley 433 de 2026 de la Cámara, también identificado como 296 de 2026 del Senado, para extender por diez años la vigencia de la Ley 418 de 1997 e incorporar reglas para el sometimiento de actores armados ilegales o terroristas. La propuesta ya fue aprobada en primer debate y debe tramitarse antes del 4 de noviembre de 2026, fecha en la que vence la Ley 2272 de 2022.
El texto mantiene la acción militar y judicial del Estado y asigna a la Fiscalía una unidad especializada para investigar y judicializar a quienes se sometan. También contempla beneficios procesales de hasta 50% de reducción y condiciones especiales de ejecución de la pena, además de redención por actividades como reparación, erradicación de cultivos, desminado, búsqueda de desaparecidos y desmantelamiento de redes de narcotráfico.
El proyecto retoma elementos de Justicia y Paz y de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero todavía está en trámite y puede cambiar durante la discusión legislativa.
Qué significa
Si se aprueba, la ley creará un marco específico para negociar la entrega de armas y la colaboración judicial de integrantes de grupos armados, con beneficios condicionados a información y actividades restaurativas. Eso afectaría a los posibles sometidos, a las víctimas y a la Fiscalía, que tendría nuevas reglas para investigar y ejecutar las penas.
La iniciativa no constituye todavía un acuerdo de paz ni garantiza que los grupos acepten someterse. Su eficacia dependerá de que los beneficios sean suficientes para incentivar la desmovilización y de que el Estado pueda verificar la información y reparar a las víctimas. Mientras el Congreso no la apruebe, siguen vigentes las reglas actuales.
Qué sigue
El Congreso colombiano debe tramitar el proyecto antes del 4 de noviembre de 2026, cuando vence la Ley 2272 de 2022.