Qué pasó
La ministra colombiana de Educación, Ilva Myriam Hoyos, pidió a la Secretaría Jurídica de la Presidencia derogar la Resolución 1350 de 2026, expedida por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas durante el Gobierno anterior.
La resolución establece una política de educación sexual y reproductiva para el periodo 2026-2035, organizada en cinco ejes sobre derechos sexuales y reproductivos. Hoyos argumentó que la norma tendría cuestionamientos constitucionales y legales y que podría afectar la autonomía de los colegios y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos.
La ministra ofreció liderar una mesa técnica con otros ministerios y pidió suspender nuevas decisiones administrativas, presupuestales y pedagógicas relacionadas con la aplicación de la resolución. La petición aún no equivale a una derogatoria aprobada.
Qué significa
Mientras no se modifique o derogue la resolución, la política permanece formalmente vigente. La solicitud abre una disputa institucional sobre el contenido de la educación sexual, la autonomía escolar y el alcance de los derechos sexuales y reproductivos en el sistema educativo.
El pedido ministerial es una posición del Gobierno y no una decisión judicial que haya declarado inválida la norma. Cualquier cambio deberá definir qué medidas se suspenden, cómo se protegerán los derechos reconocidos y qué reglas reemplazarán a la política vigente.
Qué sigue
La ministra de Educación anunció una mesa técnica con otros ministerios para revisar la Resolución 1350 de 2026 y pidió suspender nuevas medidas relacionadas con su aplicación.