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Registros oficiales reportan que Dedalus Global Services Ecuador fue disuelta y tenía patrimonio negativo, mientras la empresa participa en la ejecución tecnológica del contrato sanitario de USD 240,26 millones; además, fue señalada como inhabilitada en el Sercop.
El Decreto Ejecutivo 461 eximió a empresas públicas de telecomunicaciones de presentar garantías de fiel cumplimiento y de buen uso del anticipo, antes de la adjudicación de USD 240,2 millones para la plataforma de salud de CNT y Dedalus.
La empresa ecuatoriana Dedalus Global Services Ecuador entró en disolución y liquidación en 2025; tiene un capital de USD 800 y declaró USD 0 de impuesto a la renta entre 2019 y 2025.
Qué pasó
El Ministerio de Salud Pública adjudicó el 8 de septiembre de 2026 a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones un contrato por USD 240,26 millones para implementar una plataforma tecnológica sanitaria. CNT contrató a la multinacional Dedalus para la ejecución operativa. La información más reciente, basada en registros de la Superintendencia de Compañías y del Sercop, señala que Dedalus Global Services Ecuador acumulaba pérdidas, presentaba patrimonio negativo y había resuelto su disolución y cancelación mediante un trámite expedito en diciembre de 2025. La filial fue constituida con un capital de USD 800 y, según la publicación, consta como inhabilitada como proveedora del Estado. Estos datos se suman a la reforma del Decreto Ejecutivo 461, que eliminó ciertas garantías de fiel cumplimiento y buen uso del anticipo para empresas públicas de telecomunicaciones antes de la adjudicación del proyecto. La situación societaria de la filial local no determina por sí sola la validez del contrato ni la responsabilidad de la multinacional o de CNT.
Qué significa
La información aumenta la necesidad de revisar la capacidad financiera y legal de los participantes, la estructura de subcontratación y los mecanismos de protección de los recursos públicos. La ausencia o reducción de garantías puede trasladar parte del riesgo de incumplimiento a los controles contractuales y posteriores del Estado. Las publicaciones describen cuestionamientos y registros oficiales, pero no prueban por sí solos una irregularidad penal ni anulan el contrato.
Qué sigue
La Asamblea deberá continuar la fiscalización y solicitar explicaciones a CNT, al Ministerio de Salud y a Dedalus. La Contraloría y la Fiscalía podrán revisar el proceso y determinar, dentro de sus competencias, si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales.