Qué pasó
Ramón Abad Gallardo, juez de 58 años, fue asesinado la mañana del 17 de septiembre en el sector 19 de Junio, conocido como Rancho Grande, del cantón La Troncal, provincia de Cañar. Según los reportes preliminares, los atacantes lo siguieron desde El Triunfo, en Guayas, y dispararon contra su vehículo desde una motocicleta.
El automóvil perdió el control y chocó contra el cerramiento de una vivienda. Después del impacto, los agresores habrían sacado al juez del vehículo y le dispararon nuevamente. En el lugar se hallaron restos de al menos 15 proyectiles y la motocicleta utilizada habría sido abandonada posteriormente.
Unidades de Criminalística, Dinased y Fiscalía acudieron a la escena para recoger indicios y reconstruir la ruta del ataque. La información disponible no confirma detenidos, autores ni un posible móvil. Tampoco establece si el crimen está relacionado con alguna causa judicial que el magistrado hubiera conocido.
Tras el hecho, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado, la noche del jueves, en el que manifestó su solidaridad con familiares, amigos y compañeros del servidor. De similar forma se expresó, mediante un comunicado, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces.
Qué significa
El asesinato afecta directamente la seguridad de la Función Judicial y expone a un funcionario que se movilizaba fuera de su despacho. El uso de una emboscada armada y el seguimiento entre dos provincias obligan a investigar la planificación, el origen de las armas y cualquier posible relación con decisiones o procesos judiciales.
La forma del ataque no permite atribuirlo a una organización criminal ni establecer un móvil sin resultados de la investigación. La Fiscalía deberá preservar la cadena de custodia y evitar que las hipótesis preliminares se presenten como hechos probados.
Qué sigue
Fiscalía y Policía deberán realizar pericias balísticas, revisar cámaras y testimonios, reconstruir el trayecto entre El Triunfo y La Troncal e identificar a los responsables. Las autoridades deberán informar sobre detenidos, móvil y medidas de protección para otros funcionarios judiciales si corresponde.