Qué pasó
El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió no restablecer una norma que permitía a jueces de inmigración cerrar administrativamente ciertos procedimientos de deportación. La práctica se utilizó durante décadas y, según estadísticas gubernamentales citadas, benefició a unos 360.000 migrantes desde 1990. La disputa comenzó cuando Texas impugnó una política adoptada durante el Gobierno de Joe Biden y la Administración de Donald Trump dejó de defenderla al regresar a la Casa Blanca. Ciudades y organizaciones defensoras de migrantes intentaron mantenerla, pero los tribunales rechazaron sus pedidos.
Qué significa
La decisión reduce la posibilidad de que jueces cierren expedientes sin resolverlos mediante una deportación o una forma de alivio migratorio. Organizaciones de derechos humanos sostienen que el cierre administrativo protegía a algunos inmigrantes y evitaba deportaciones; el fallo favorece la posición del Gobierno federal que buscaba terminar con esa práctica.