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Informe de la Asamblea sobre Segura EP llega a Fiscalía por presunto uso irregular de cámaras

La Asamblea remitió formalmente a la Fiscalía el expediente de fiscalización sobre Segura EP. El documento recoge posibles delitos relacionados con el acceso y uso de infraestructura de videovigilancia municipal y abre una nueva etapa de investigación penal.

Redacción Vocería News
Última actualización 17 de septiembre de 2026 · 15:16 Publicado 10 de septiembre de 2026 · 19:20
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La presidenta de la Comisión de Seguridad, Inés Alarcón, entregó a la Fiscalía el informe legislativo aprobado sobre Segura EP y pidió investigar posibles delitos vinculados con la denominada sala espejo de videovigilancia.

La Comisión de Seguridad Integral prevé ampliar a Quito y Riobamba la investigación sobre posibles salas espejo de videovigilancia, después de la fiscalización aprobada sobre Segura EP en Guayaquil.

El Pleno aprobó con 85 votos el informe sobre Segura EP y solicitó actuaciones a la Fiscalía, Contraloría y Superintendencia de Protección de Datos Personales.

La Asamblea Nacional convocó al Pleno para el 15 de septiembre para conocer y resolver el informe de fiscalización sobre los accesos y protocolos de videovigilancia de Segura EP.

Qué pasó

La asambleísta Inés Alarcón entregó a la Fiscalía General del Estado el informe de fiscalización sobre el uso de cámaras y sistemas de videovigilancia de Segura EP en Guayaquil. El Pleno había aprobado el documento el 15 de septiembre. Según la información legislativa, el expediente examina la instalación y funcionamiento de una denominada sala espejo y posibles accesos no autorizados a imágenes y datos sensibles. La entrega fue acompañada por pedidos para que el Ministerio Público determine eventuales responsabilidades por asociación ilícita, acceso no consentido a un sistema informático, tráfico de influencias, peculado y delincuencia organizada. La documentación legislativa sostiene que infraestructura municipal habría sido utilizada con fines políticos, pero esas afirmaciones corresponden a los hallazgos y señalamientos de la Asamblea, no a una sentencia judicial. La Comisión de Seguridad también había anunciado que ampliaría sus investigaciones a otros municipios, entre ellos Quito y Riobamba.

Qué significa

El caso pasa de la fiscalización política a una etapa en la que la Fiscalía deberá valorar si existen elementos para abrir o ampliar investigaciones penales. El expediente puede generar requerimientos de información, pericias sobre sistemas informáticos y revisión de responsabilidades de funcionarios y particulares.nnLa remisión legislativa no prueba la comisión de delitos ni convierte las conclusiones de la Asamblea en una decisión judicial. La Fiscalía deberá verificar la autenticidad de los documentos, la legalidad de los accesos y la participación individual de las personas señaladas.

Qué sigue

La Fiscalía deberá revisar el expediente, definir las diligencias y resolver si corresponde iniciar o ampliar investigaciones. La Comisión de Seguridad deberá determinar el alcance y cronograma de la ampliación anunciada a Quito y Riobamba.

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