Qué pasó
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) llegó a 20 vocales destituidos desde 2019 después de que la Asamblea censurara y separara del cargo a David Rosero el 13 de octubre de 2026. Rosero ya había sido destituido en enero de 2023 por la Corte Constitucional junto con otros seis vocales, y volvió al organismo tras las elecciones de ese año.
La nueva acusación se relacionó con una reunión que habría mantenido con Inés Maritza Romero Estévez, postulante a fiscal general, durante el concurso para designar a esa autoridad. Sus acusadores sostuvieron que el encuentro pudo generar trato preferencial o acceso privilegiado. El proceso de destituciones incluye decisiones de la Asamblea, la Corte Constitucional y el Tribunal Contencioso Electoral por distintos casos y etapas.
El CPCCS participa en procesos de designación de autoridades y control social. El material recibido describe el historial institucional, pero no incluye una decisión sobre quién reemplazará a Rosero.
Qué significa
La salida de Rosero no es solo un cambio individual: se produce en una institución encargada de concursos y designaciones de autoridades, incluida la Fiscalía. La sucesión de destituciones desde 2019 afecta la continuidad y la estabilidad del organismo, aunque la cifra acumulada no demuestra por sí sola que todas las decisiones hayan tenido la misma causa ni permite concluir que el CPCCS sea ilegítimo. En este caso, la acusación de trato preferencial no equivale a una condena penal.