Qué pasó
Durante la reinstalación de la audiencia de formulación de cargos, una jueza anticorrupción de Pichincha ordenó la prisión preventiva de Johana Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Fiscalía investiga un presunto incremento patrimonial injustificado de USD 8.824.139,49 entre 2018 y 2025, relacionado con la adquisición de bienes y el uso presunto de testaferros. La magistrada dispuso además la retención de USD 309.646 y la prohibición de enajenar bienes de la funcionaria. La causa también involucra a otros tres investigados, quienes no fueron procesados por contar con inmunidad electoral debido a su participación como precandidatos para los comicios del 29 de noviembre de 2026. Núñez niega los cargos y ha calificado el proceso como una persecución política.
Qué significa
La prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una condena. El proceso deberá establecer si existió un incremento patrimonial injustificado y cuál sería el origen de los bienes investigados. La retención y la prohibición de enajenar buscan preservar recursos y patrimonio mientras avanza la causa, pero no resuelven la responsabilidad penal. La situación también afecta temporalmente el ejercicio de la máxima autoridad provincial.
Qué sigue
La Fiscalía continuará la investigación y deberá avanzar en la determinación del origen del patrimonio examinado. La situación de los otros tres investigados podrá revisarse cuando desaparezca la inmunidad electoral que les fue reconocida.