Qué pasó
El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió que las unidades judiciales penales de Iñaquito y Mariscal Sucre, el Tribunal Penal de Iñaquito y la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ya no recibirán nuevas causas de garantías jurisdiccionales. La medida comprende acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data y recursos de acceso a la información, entre otros procedimientos constitucionales. Las causas que ya se encuentran en conocimiento de esas dependencias continuarán bajo su responsabilidad hasta su resolución definitiva. Los nuevos recursos que se presenten en Pichincha serán sorteados entre judicaturas de materias Civil, Laboral, Familia y otras áreas. La Judicatura justificó el cambio en la necesidad de concentrar a los jueces penales especializados en causas penales y atender la alta carga procesal.
Qué significa
La resolución modifica el reparto de nuevas garantías constitucionales en Pichincha y afecta a quienes deban presentar recursos ante la justicia. Las dependencias penales conservarán los procesos ya iniciados, pero dejarán de recibir nuevas causas de esta naturaleza. La medida puede cambiar los tiempos y la distribución de trabajo entre judicaturas, aunque la información disponible no permite establecer su impacto concreto en la duración de los procesos.
Qué sigue
La Judicatura deberá aplicar el nuevo esquema de sorteos y comunicar las dependencias habilitadas para recibir garantías constitucionales. También deberá evaluar la carga procesal resultante y resolver cualquier controversia sobre la asignación de causas.