Qué pasó
La Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía General del Estado informó a la Asamblea que entre enero de 2024 y agosto de 2026 se registraron 392 denuncias por el delito de tortura en centros penitenciarios. Cotopaxi concentra 98 casos, seguido por Guayas con 67, Pichincha con 32, Santo Domingo de los Tsáchilas con 27 y Esmeraldas con 22. Del total, 340 causas permanecen en investigación previa, 31 tienen archivo aceptado, 13 cuentan con pedido de archivo y solo una registra sentencia condenatoria firme. El mismo informe reporta 57 investigaciones por muertes violentas dentro de centros de privación de libertad durante el periodo analizado. La publicación también recoge una observación de la Organización Mundial contra la Tortura, que sostuvo que la tortura podría extenderse a estaciones policiales, centros de acogida infantil y hospitales psiquiátricos.
Qué significa
Los datos muestran una alta proporción de denuncias penitenciarias sin una resolución judicial definitiva, pero no permiten concluir que todas correspondan a hechos probados ni que exista una sola causa para la demora. La concentración de procesos en investigación previa plantea desafíos para la Fiscalía, la protección de personas privadas de libertad y la rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza. Las declaraciones de la OMCT son una valoración externa y deben diferenciarse de los datos oficiales del informe fiscal.
Qué sigue
La Fiscalía deberá continuar las investigaciones y explicar los avances, archivos y resultados judiciales de las causas. La Asamblea podrá solicitar información adicional sobre los tiempos procesales, las medidas de protección y las acciones institucionales frente a las denuncias.