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El Pleno de la Asamblea aprobó con 82 votos una prórroga de 10 días para que la Comisión de Gobiernos Autónomos entregue su informe sobre 245 autoridades seccionales. Además, su presidente anunció una denuncia ante la Fiscalía por presuntos ofrecimientos para retirar a alcaldes de la investigación.
Qué pasó
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó con 82 votos una ampliación de 10 días para que la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial presente el informe final de la fiscalización sobre presuntos incrementos injustificados de patrimonio. El proceso comprende a 245 alcaldes, alcaldesas, prefectos y prefectas. La comisión contaba inicialmente con un plazo de 90 días. Durante la misma jornada, su presidente, Cristian Benavides, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía por llamadas y mensajes dirigidos a autoridades seccionales, en los que supuestamente se ofrecía retirarlas de la lista de investigados. La información incluiría números telefónicos y otros datos entregados por un alcalde de Pichincha. Benavides afirmó que los autores no serían funcionarios de la Asamblea y que podrían formar parte de un círculo de extorsionadores.
Qué significa
La prórroga mantiene abierta la fiscalización política y documental y desplaza la entrega del informe final 10 días adicionales. La denuncia introduce una investigación penal independiente sobre posibles intentos de interferir en el proceso, pero no prueba todavía que haya existido extorsión ni identifica a los responsables. La inclusión de una autoridad en la fiscalización tampoco equivale a una conclusión de enriquecimiento ilícito.
Qué sigue
La comisión deberá concluir y entregar su informe dentro de los 10 días adicionales aprobados. La Fiscalía deberá recibir la denuncia, verificar los números y mensajes entregados y determinar si corresponde abrir una investigación previa.
